Siete años de Guantánamo y un llamamiento a la justicia en Bagram
10 de enero de 2009
Andy Worthington
El domingo 11 de enero, sólo nueve días antes de que el gobierno de George W. Bush
entregue las riendas del poder a Barack Obama, la prisión de Guantánamo de la
"Guerra contra el Terror" -quizás el símbolo más sobriamente icónico
de la arrogancia del gobierno saliente- cumple su séptimo aniversario.
Un experimento sin ley
Los datos sobre la prisión son desalentadores. Guantánamo, un experimento sin ley de detención arbitraria e
interrogatorios coercitivos, fue elegido deliberadamente como lugar para la
prisión porque se suponía que estaba fuera del alcance de los tribunales
estadounidenses. Las autoridades decidieron que necesitaban total libertad para
interrogar a los prisioneros como les pareciera oportuno, aunque no supieran a
quién tenían realmente bajo su custodia. Las advertencias que salieron de las
bocas del presidente Bush, del vicepresidente Dick Cheney y del secretario de
Defensa Donald Rumsfeld en los días y semanas posteriores a la apertura de
Guantánamo -en las que describían a los prisioneros como "lo peor de lo
peor", que estaban "entre los asesinos más peligrosos, mejor
entrenados y despiadados sobre la faz de la tierra"- eran en realidad
retórica hueca.
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Como demostró un estudio de documentos del Pentágono realizado por la Facultad de
Derecho de Seton Hall (PDF) -y
como puedo confirmar por mi propia investigación para The Guantánamo
Files- al menos el 86 por ciento de los prisioneros no fueron
capturados por las fuerzas estadounidenses, sino por sus aliados afganos y
pakistaníes, en un momento en que las recompensas por "sospechosos de Al
Qaeda y los talibanes", de una media de 5.000 dólares por cabeza, estaban
muy extendidas, y las autoridades estadounidenses agravaron los efectos
nefastos de esta redada esencialmente indiscriminada al negarse a conceder a
los prisioneros tribunales en el campo de batalla en virtud del artículo 5 de
los Convenios de Ginebra. Estos tribunales, que se celebraban cerca del lugar y
el momento de la captura, se habían aplicado en todas las guerras
estadounidenses desde Vietnam, y permitían a los testigos presentarse para
ayudar a los militares a separar a los combatientes de los civiles atrapados en
la niebla de la guerra.
Para agravar aún más estas omisiones, los responsables generales de las listas de prisioneros retenidos para su
procesamiento en las prisiones de Kandahar y Bagram (altos cargos del
Pentágono, el ejército y los servicios de inteligencia, que tenían su base en
Kuwait) ordenaron que todo árabe que cayera en manos estadounidenses fuera
trasladado a Guantánamo. Como resultado, ni un solo prisionero fue investigado
adecuadamente para determinar si realmente constituían una amenaza para Estados
Unidos o si eran inocentes capturados por error, pero la administración Bush
insistió en que todos eran "combatientes enemigos" sin derechos, y
deliberadamente los despojó de las protecciones de las Convenciones de Ginebra,
que prohíben el "trato cruel o inhumano", para facilitar su interrogatorio.
Aprobación de la tortura
El verdadero horror de Guantánamo -y, cabe señalar, de las políticas de detención de la "Guerra contra el
Terrorismo" en general- se hizo patente cuando la administración respondió
al escaso flujo de inteligencia procedente de los prisioneros de Guantánamo
decidiendo que ello se debía a que habían sido entrenados para resistirse a los
interrogatorios por Al Qaeda, y no a que, como hombres inocentes y simples
reclutas talibanes, no tuvieran inteligencia que ofrecer. Como dejó claro el
mes pasado una investigación muy crítica del Comité de Servicios Armados del
Senado (PDF),
la respuesta de las autoridades fue encontrar nuevas formas de
"quebrar" psicológicamente a los prisioneros, lo que hicieron
mediante ingeniería inversa de técnicas chinas de tortura enseñadas en escuelas
militares estadounidenses para entrenar al personal estadounidense a resistirse
a los interrogatorios en caso de ser capturados.
Estas técnicas, conocidas por las siglas SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia, Escape), incluyen "despojar a
los detenidos de su ropa, colocarlos en posturas de estrés, ponerles capuchas
en la cabeza, interrumpir su sueño, tratarlos como animales, someterlos a
música alta y luces intermitentes y exponerlos a temperaturas extremas".
En algunas circunstancias, también incluyen el submarino,
una conocida técnica de tortura que consiste en el ahogamiento controlado.
Los miembros del Comité del Senado estaban indignados por el hecho de que técnicas ilegales según las Convenciones de
Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y diseñadas
para permitir al personal estadounidense obtener confesiones falsas,
constituyeran la base del enfoque de la administración Bush para la
recopilación de información en la "Guerra contra el Terror", pero los
numerosos críticos de esta política (incluidos el FBI, el Servicio Naval de
Investigación Criminal y el propio Grupo de Investigación Criminal del
Departamento de Defensa) fueron ignorados.
Además, cuando la administración consideró que eran necesarias técnicas aún más duras para un número más reducido de
prisioneros considerados especialmente importantes (tanto en Guantánamo como en
prisiones secretas creadas por la CIA), abogados cercanos al vicepresidente Dick
Cheney -encabezados por David Addington, ex asesor jurídico de Cheney y
ahora su jefe de gabinete- intentaron redefinir la tortura como la imposición
de un dolor "equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una lesión
física grave, como la insuficiencia orgánica, el deterioro de las funciones
corporales o incluso la muerte", en sustitución de su definición en la Convención
de la ONU contra la Tortura, de la que Estados Unidos es signatario, en la
que la tortura se reconoce correctamente como "todo acto por el cual se
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales".
En términos de producir "inteligencia procesable", por supuesto, la política de la administración fue un desastre
sin paliativos, ya que incluso el estudio más superficial de la historia de la
tortura revela que produce información inexacta, y en Guantánamo este flujo
constante de falsedades coaccionadas se complementó con más mentiras producidas
por soborno, ya que otros prisioneros aprovecharon la promesa de mejores
condiciones de vida para decir mentiras sobre sus compañeros de prisión. Sin
embargo, a la administración le bastaba con afirmar ante el mundo que la
prisión estaba llena de peligrosos "combatientes enemigos", que
podían ser recluidos sin cargos ni juicio hasta el final de una "Guerra
contra el Terror" que el propio gobierno admitía que podía durar generaciones.
Guantánamo ahora
Para los presos que siguen recluidos en Guantánamo -248 de un total de 779-, las condiciones han mejorado hasta el
punto de que las técnicas de tortura derivadas del SERE llegaron a su fin en el
verano de 2004, cuando el Corte Supremo de Estados Unidos concedió a los
presos el derecho de hábeas corpus (derecho a impugnar el fundamento de su
detención ante un juez imparcial) y se permitió por fin el acceso de abogados a
la prisión. En otros aspectos, sin embargo, Guantánamo sigue siendo una afrenta
a toda noción de decencia.
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En la actualidad, la mayoría de los reclusos permanecen casi totalmente aislados en
pabellones de última generación que siguen el modelo de las prisiones de máxima
seguridad de Estados Unidos, sus oportunidades de socializar o disfrutar de
cualquiera de las actividades de ocio que los delincuentes condenados en el
continente dan por sentadas siguen siendo mínimas o inexistentes, e incluso las
infracciones más leves de las normas de la prisión se castigan con brutales
agresiones por parte de equipos de respuesta blindados y el encarcelamiento
-durante un mes o más- en régimen de aislamiento total.
Además, a quienes inician huelgas
de hambre como único medio de protestar por sus condiciones de reclusión se
les alimenta a la fuerza contra su voluntad, una experiencia que es
terriblemente dolorosa e ilegal. Resulta inquietante que, según los últimos
informes, 30 presos estén actualmente en huelga de hambre, quejándose de que
siguen encarcelados sin cargos ni juicio, mientras que Salim
Hamdan, chófer de Osama bin Laden condenado
por proporcionar apoyo material al terrorismo tras un juicio ante una Comisión
Militar el verano pasado, fue repatriado
en noviembre para cumplir el último mes de su condena. Como explicó David
Remes, abogado de 17 presos yemeníes, "en realidad se han puesto como
locos por el hecho de que Hamdan, condenado por apoyo al terrorismo, haya sido
puesto en libertad y ellos, que no han sido acusados de nada, sigan
languideciendo allí".
Cierre de Guantánamo
Aunque no cabe duda de que los huelguistas de hambre tienen razón al reconocer que la liberación de Salim Hamdan ha
socavado fatalmente la justificación de la existencia de Guantánamo, su mayor
esperanza de liberación reside en el presidente electo Barack Obama, que ha
prometido cerrar
la prisión y prohibir el uso de la tortura por parte de las fuerzas
estadounidenses como parte de un esfuerzo por recuperar la posición moral de
Estados Unidos en el mundo. Aun así, Obama tiene que actuar con rapidez y
decisión si quiere cerrar la prisión cuanto antes, y hasta ahora ha dado pocas
pistas sobre cómo se propone abordar los dos problemas pendientes.
El primero se refiere a los cerca de 60 presos cuya puesta en libertad ha sido autorizada, pero que no pueden ser
liberados porque son apátridas de hecho, o debido a tratados internacionales
que impiden la devolución de ciudadanos extranjeros a países donde corren el
riesgo de ser torturados. Proceden de países como Argelia,
Irak, Libia,
Palestina, Túnez
y Uzbekistán, y entre ellos hay también 17 uigures, musulmanes de la provincia
china de Xinjiang, que habían acabado en Afganistán tras huir de la opresión
gubernamental y fueron vendidos a las fuerzas estadounidenses tras huir a Pakistán.
Los uigures fueron absueltos de ser "combatientes enemigos" el verano pasado, después de que el primer
tribunal autorizado a revisar un caso de Guantánamo -el de Huzaifa
Parhat- dictaminara que el material presentado por el gobierno como prueba
era comparable a un poema sin sentido escrito por Lewis Carroll, el autor de
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. Sin embargo, cuando un
juez dictaminó
en octubre que su detención continuada era inconstitucional y que debían ser
puestos en libertad al cuidado
de comunidades de Estados Unidos porque no se había encontrado ningún otro
país que los aceptara, el gobierno apeló, basándose en sus propias afirmaciones
desacreditadas de que constituían una amenaza para Estados Unidos.
El segundo problema de Obama es evaluar la calidad de las alegaciones del gobierno contra los demás presos, determinar
quién debe enfrentarse a un juicio en territorio continental estadounidense
(después de que cumpla otra promesa y deseche las Comisiones Militares) y quién
debe ser puesto en libertad.
Debido a las dudas sobre la calidad de la recopilación de pruebas contra los prisioneros -como analizó el Comité de
Servicios Armados del Senado y también, en otras circunstancias, el teniente
coronel Stephen Abraham, un veterano de la inteligencia estadounidense que
trabajó en las revisiones de prisioneros en Guantánamo y demolió sin ayuda de
nadie la integridad del gobierno en una serie
de declaraciones
en 2007-, ésta no debería ser una tarea insuperable, pero Obama necesita
nombrar un organismo imparcial para revisar los casos que sea capaz de separar
los hechos de la ficción. La amarga verdad es que Guantánamo está construido
sobre mentiras, y no podrá cerrarse hasta que se examine con rigor y un
profundo escepticismo el lamentable sucedáneo de pruebas del gobierno.
Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, los presos de Guantánamo pueden al menos estar seguros de que un
gran número de personas se preocupan por su difícil situación y buscan
activamente su liberación. Mientras nos detenemos a pensar en los presos en
este vergonzoso aniversario, les pido que piensen también en otros presos -también
recluidos durante años sin cargos ni juicio- que han sido casi olvidados por el
mundo, y que no tienen ni siquiera los limitados derechos por los que los
presos de Guantánamo y sus abogados han luchado durante largos años.
Petición de justicia en Bagram
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La semana pasada, en un tribunal de distrito estadounidense, el juez John D. Bates
escuchó cómo los abogados de los presos recluidos en la prisión de Bagram, en
Afganistán, argumentaban que ellos también merecían los derechos de hábeas
corpus que se concedieron a los presos de Guantánamo en junio de 2004. Los
abogados presentaron sus recursos en nombre de cuatro presos a los que ni
siquiera conocían. A diferencia de lo que ocurre en Guantánamo, nunca se ha
permitido a los abogados acceder a Bagram, donde están recluidos unos 670
presos. La mayoría de ellos son afganos que, según un documento del
Departamento de Defensa citado por el New
York Times el pasado enero, permanecen recluidos una media de catorce
meses y medio antes de ser puestos en libertad o trasladados a un ala de Pol-i-Charki,
la principal prisión afgana de Kabul, que fue reformada por las fuerzas
estadounidenses en 2007 y ahora es, al parecer, un lugar de incómoda
cooperación entre el gobierno afgano y el ejército estadounidense.
Para los afganos de Bagram, la vida ya es bastante dura, pues no están retenidos como prisioneros de guerra protegidos
por las Convenciones de Ginebra, sino como una variante de los
"combatientes enemigos" de Guantánamo, sometidos a revisiones
militares secretas de las que no se sabe casi nada. Sin embargo, al menos
tienen más posibilidades de ser liberados que los otros reclusos de Bagram: la
treintena de prisioneros que proceden de otros países, según funcionarios estadounidenses
que hablaron con el New York Times el pasado enero.
En el Tribunal de Distrito de la semana pasada, los cuatro casos examinados por el juez Bates se referían a un afgano, Haji
Wazir, un hombre de negocios que fue detenido en Karachi (Pakistán) en
2002, y a tres de estos presos extranjeros: Redha al-Najar (PDF), tunecino que
fue aprehendido en su casa de Karachi, donde vivía con su mujer y su hijo, en
mayo de 2002; Amin al-Bakri (PDF), comerciante yemení de piedras preciosas que
fue aprehendido en Bangkok (Tailandia) en diciembre de 2002; y Fadi al-Maqalah,
yemení que, al parecer, fue aprehendido en Afganistán en algún momento de 2004.
Resulta inquietante que los tres presos extranjeros hayan pasado tiempo en prisiones secretas de la CIA antes de acabar
en Bagram, pero lo que también es inquietante de sus casos es que no parece
haber distinción entre estos presos y otros que fueron trasladados a Guantánamo,
salvo, claro está, que los presos de Bagram siguen sin tener derecho alguno, y
el gobierno pretende asegurarse de que nunca lo tengan.
Según SCOTUSblog,
que informa sobre casos judiciales importantes en Estados Unidos, el juez Bates
pareció reconocer esta discrepancia, ya que "expresó cierta preocupación
por el hecho de que el gobierno creara un 'agujero negro' para los detenidos en
una 'zona sin ley'" en Bagram, e "insinuó" que podría permitir
que algunos de los prisioneros presentaran demandas judiciales para impugnar el
fundamento de su encarcelamiento.
Todos los interesados en el ejercicio de la justicia deben esperar que el juez Bates conceda efectivamente el derecho de
hábeas corpus a presos como Haji Wazir, Redha al-Najar, Amin al-Bakri, Fadi
al-Maqalah y, en su momento, a otros -también recluidos desde hace años- cuya
identidad se desconoce por completo o sólo se sospecha. Si no, Bagram seguirá
siendo un agujero negro sin ley, incluso mientras avanzan los planes para
cerrar Guantánamo.
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